Ricardo Lillo analiza en El Mercurio Legal los desafíos de la justicia civil chilena a la luz del Rule of Law Index 2026

El director del Laboratorio de Justicia Centrada en las Personas y profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, Ricardo Lillo Lobos, publicó el jueves 5 de noviembre una columna de opinión en El Mercurio Legal. En ella analiza los resultados de Chile en la edición 2026 del Rule of Law Index, elaborado por el World Justice Project, con especial atención al desempeño del país en justicia civil.

El índice evalúa cada año el nivel de cumplimiento de distintos estándares asociados al Estado de Derecho en 143 países. En el resultado general, Chile obtuvo 0,66 puntos en una escala de 0 a 1, ubicándose en el lugar 34 a nivel mundial y cuarto entre 32 países de la región. Sin embargo, en el factor de justicia civil el panorama es menos favorable: el país obtiene 0,60 puntos, ocupa el lugar 44 en el mundo y el octavo en América Latina, en una tendencia de deterioro sostenido desde 2016.

La columna identifica tres nudos críticos. La duración de los procesos civiles alcanza 0,38 puntos, el único subfactor en que Chile se ubica bajo el promedio mundial. El cumplimiento efectivo de las sentencias registra su peor valor de toda la serie (0,52). Y la percepción de ausencia de corrupción en la justicia civil ha disminuido año a año desde 2021, llegando hoy a 0,59.

Lillo también advierte sobre lo que el índice no logra medir. Chile obtiene 0,65 puntos en acceso y asequibilidad de los tribunales, gracias a factores como la tramitación electrónica y la ausencia de tasas judiciales. Pero este indicador refleja principalmente la percepción de expertos sobre la entrada a los tribunales, no la cantidad de problemas cotidianos con una dimensión legal —como deudas, arriendos o conflictos de consumo— que las personas no logran resolver. Según un estudio de necesidades jurídicas encargado por la Dirección de Estudios de la Corte Suprema en 2020, el 76,6% de los adultos enfrentó un problema de este tipo en dos años, casi la mitad no hizo nada al respecto y solo el 0,9% de los casos terminados se resolvió en un tribunal.

A partir de experiencias comparadas, el texto propone aprendizajes concretos: priorizar y escalonar la ayuda legal, como en las oficinas de orientación de Países Bajos; permitir que conflictos simples se resuelvan sin abogado, como en los juzgados locales de Alemania o los juzgados especiales civiles de Brasil; acercar la justicia a los barrios, como los consejos de conciliación de Noruega; y usar la tecnología al servicio de las personas, como el Civil Resolution Tribunal de Columbia Británica, en Canadá.

En ese marco, el director del Laboratorio destaca dos oportunidades en curso. La primera es la reactivación de la reforma procesal civil, que a su juicio debe ir más allá de la oralidad e incluir un nuevo modelo de ejecución de sentencias, gestión activa de causas, procedimientos simples para asuntos frecuentes y resolución de conflictos en línea. La segunda es la implementación del Servicio Nacional de Acceso a la Justicia, creado por la Ley 21.780, cuyo diseño debiera considerar puertas de entrada cercanas, un sistema de triage —es decir, clasificar las consultas para que un abogado intervenga solo cuando sea necesario— y metas centradas en problemas efectivamente resueltos, no solo en atenciones realizadas.

Para Lillo, ninguno de estos cambios será posible sin evidencia actualizada, considerando que la última medición nacional de necesidades jurídicas se realizó en plena pandemia. “No basta con implementar estas políticas públicas, necesitamos hacerlo de manera que podamos medir en forma continua su impacto en aquello que el índice hoy no alcanza a ver respecto de Chile: cuántos problemas de las personas se resuelven efectivamente, por qué vía y en cuánto tiempo”, señala. Una mirada que conecta directamente con el enfoque del Laboratorio: poner a las personas y sus problemas reales en el centro del diseño de la justicia.

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